El Gobierno nacional considera inconstitucionales los esquemas provinciales que establecen cupos obligatorios para la contratación de mano de obra local en el sector minero, según advirtió Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación. Esta postura oficial se da en un contexto de creciente regulación provincial que busca priorizar la contratación de residentes, especialmente en provincias clave como Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.
Lucero alertó que estos esquemas vulneran principios constitucionales esenciales como el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la regulación del comercio en el ámbito federal. Al participar de un evento organizado por Forbes, el funcionario sostuvo que:
“Ninguna ley provincial ni nacional puede pasar por arriba de los principios constitucionales de igualdad y libertad de contratación.”
Luis Lucero
El secretario resaltó que imponer cupos rígidos para la contratación genera una fragmentación del mercado laboral. Esto no sólo afecta la competitividad del sector extractivo, sino que también limita el desarrollo integral del país. Además expresó que, si bien es legítima la intención provincial de fomentar el desarrollo local, restringir la mano de obra en función de la residencia genera distorsiones y no es admisible en un sistema federal.
En relación con la inversión extranjera, el funcionario destacó que la incertidumbre regulatoria y las restricciones territoriales son un freno para captar inversiones internacionales de gran escala necesarias para proyectos de litio y cobre. Explicó que el inversor busca reglas claras y la posibilidad de acceder al mejor talento disponible sin discriminación geográfica.
Situación en las provincias mineras
Las provincias con actividad minera han implementado normativas con cupos que varían entre 70% y 90% de contratación de mano de obra local. En Salta, por ejemplo, la legislación exige que al menos el 80% de la nómina total en empresas mineras sea cubierta por residentes locales, priorizando además proveedores inscriptos en el registro provincial.
Jujuy establece un esquema similar con un cupo del 85%, vinculado a la promoción de empleo en comunidades originarias y zonas mineras, que obliga a capacitación técnica acelerada para cubrir puestos especializados.
En Catamarca, el mínimo del 70% de mano de obra local puede llegar hasta el 90% en la etapa de construcción de yacimientos, lo que evidencia tensiones con contratistas frente a la escasez de perfiles especializados.
Santa Cruz mantiene históricamente una ley 70/30 que obliga a los emprendimientos mineros a contar con al menos un 70% de personal residente, convirtiéndose en antecedente para las demás provincias.
Al respecto, Lucero aclaró que el objetivo no es impedir que los habitantes locales trabajen en sus regiones, sino evitar que la pertenencia geográfica constituya una barrera legal para el trabajo productivo. Propuso en cambio que la solución pase por el fortalecimiento de la capacitación técnica y la infraestructura educativa, dejando de lado las imposiciones por decreto o ley.
“La verdadera solución para garantizar el empleo de las comunidades locales es la capacitación técnica continua y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, no la imposición de cupos por decreto o por ley provincial.”
Luis Lucero
Asimismo, enfatizó la necesidad de coherencia institucional respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y pidió que las provincias se alineen con la legislación nacional para evitar restricciones al libre tránsito y profesionalización.
En este marco, el secretario de Minería llamó a un diálogo pragmático entre provincias y sector privado para evitar la judicialización del tema, que podría generar incertidumbre para un sector que requiere certezas de mediano y largo plazo.
Lucero concluyó subrayando que respetar el texto constitucional es fundamental para consolidar la seguridad jurídica necesaria para posicionar a Argentina como un actor clave en la transición energética global.
“La República Argentina es un único mercado unificado. Respetar la Constitución Nacional no es una opción ideológica, es la única garantía real para consolidar la seguridad jurídica que nos transformará en un actor clave de la transición energética global.”
Luis Lucero
La discusión sobre los cupos provinciales en minas de litio y cobre muestra tensiones entre la necesidad de desarrollo socioeconómico local y la demanda de un mercado laboral abierto y competitivo. El foco en la capacitación técnica y la armonización normativa serán claves para atraer inversiones y consolidar el crecimiento del sector minero nacional.
