El Gobierno implementó una reforma integral en la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196) con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y aumentar la transparencia en la actividad minera, impulsando así la llegada de capitales.
La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía actualizó los procedimientos y estableció un esquema moderno, que incluye la oficialización del Registro de Inversiones Mineras (RIM), un sistema informatizado que registra a los beneficiarios mediante su CUIT y asigna un código único por cada proyecto minero. Este registro facilitará el seguimiento riguroso y la fiscalización eficiente.
Modernización y digitalización para mayor agilidad
En colaboración con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la devolución del crédito fiscal del IVA para la exploración minera fue digitalizada mediante la Resolución General 5879/2026, eliminando el tradicional circuito en papel en vigor desde 2004. Ahora, las solicitudes se tramitan completamente en línea a través del Sistema Integral de Recupero (SIR), plataforma que también gestiona otros reintegros fiscales.
El nuevo régimen mantiene los requisitos de fondo y los plazos de acumulación de créditos fiscales vigentes, a la vez que acota la función de la Secretaría de Minería a certificar técnicamente que los gastos y servicios declarados están vinculados a proyectos exploratorios formalmente inscritos.
Asimismo, en la reforma se establecen disposiciones precisas para los proveedores de servicios mineros, incluyendo requisitos para su inscripción, actualización y la constitución obligatoria del domicilio legal electrónico. Se incorpora además el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), alineando la ley con las exigencias de la Ley General del Ambiente y sus reglamentaciones.
Impulso a la inversión y a la transparencia
La actualización de la ley y la digitalización atienden un reclamo vigente en el sector minero, que busca mayor previsibilidad jurídica y agilización financiera en un contexto de reactivación económica. La inversión en exploración minera se elevó de un promedio anual de entre 100 y 200 millones de dólares (2014-2021) a cerca de 400 millones en el último periodo reciente.
Actualmente, 74 empresas están activas en tareas exploratorias en Argentina, un país con un potencial geológico importante dado que la densidad de perforación por kilómetro cuadrado es inferior en comparación con vecinos como Chile, lo que implica amplias oportunidades de crecimiento exploratorio.
La reforma también establece una articulación explícita con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), permitiendo que grandes proyectos accedan a ambos beneficios, siempre que no se superpongan ni sean de la misma naturaleza.
“Terminar con la discrecionalidad y el alto nivel de incumplimiento que caracterizó la aplicación de la normativa para el sector desde su sanción legislativa.”
Secretaría de Minería
La publicación oficial de estas modificaciones se dio a conocer mediante el Decreto 482/2026 en el Boletín Oficial y la reciente implementación de las nuevas normas, efectivizadas por la Secretaría de Minería y ARCA, promete un avance significativo para dinamizar las inversiones en minería y fomentar un entorno más transparente y competitivo.
