El Gobierno argentino formalizó la aprobación del proyecto Vicuña dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando una inversión inicial sin precedentes de US$ 9.737 millones para el sector minero y desbloqueando desembolsos previstos por US$ 2.000 millones durante los primeros 24 meses. La iniciativa se desarrolla en la provincia de San Juan bajo la alianza entre las multinacionales BHP y Lundin Mining.
El proyecto, catalogado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), planea un desarrollo integral con una inversión que podría alcanzar los US$ 18.000 millones en la próxima década, con un fuerte enfoque en la extracción de cobre. La iniciativa aspira a posicionar a Argentina como proveedor global de minerales críticos, con una proyección anual de exportación de 395.000 toneladas de cobre.
Para garantizar la operación técnica y energética, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) autorizó el acceso prioritario a la capacidad de transporte eléctrico en la cordillera sanjuanina, permitiendo que el proyecto Vicuña se conecte a la red nacional de alta tensión. Esta aprobación técnico-administrativa desestimó reclamos de otros proyectos mineros locales y despejó el camino para la construcción de infraestructura eléctrica fundamental, como estaciones transformadoras y líneas de extra alta tensión.
En detalle, el cronograma de inversión contempla que hasta fin de 2026 se desembolsarán US$ 1.128 millones, seguidos por un tramo mayor de US$ 7.895 millones en el quinquenio 2027-2031. La normativa exige además un cumplimiento acelerado de US$ 2.009 millones en los primeros dos años para acceder a beneficios fiscales y cambiarios que se extienden por 30 años.
El proyecto Vicuña integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, con una vida útil estimada en más de 70 años y una creación proyectada de más de 31.000 empleos directos e indirectos. Actualmente, la nueva iniciativa minera cuenta con una red activa de 245 proveedores, de los cuales el 61% son empresas locales de San Juan, mientras que el resto proviene de otras regiones del país y un pequeño porcentaje internacional, principalmente vinculados con bienes y servicios especializados.
A nivel operativo, Vicuña ya comenzó a desplegar maquinaria pesada en el yacimiento y adquirió una flota de camiones de 40 toneladas para las primeras tareas de movimiento de suelo y adecuación del terreno para la futura planta concentradora. Estas operaciones se complementan con trabajos continuos las 24 horas, junto con obras viales internas y avanzadas etapas de ingeniería de detalle.
La aprobación del régimen también incluye una clara regulación para el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria, establecida en la Resolución 330/2026 del ENRGE. Esta garantía regulatoria es clave para iniciar la construcción de las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión que sostendrán la operatividad del mayor emprendimiento minero proyectado en la Argentina.
Al mismo tiempo, el proyecto Vicuña ha generado debates en algunos sectores empresariales y legislativos debido a la adjudicación a una empresa china para la ampliación del campamento permanente, lo que refleja el impacto y las controversias inevitables en torno a proyectos de tan alta envergadura.
Este megaproyecto representa un motor de desarrollo económico para la provincia de San Juan y una fuerte señal para el sector minero argentino, que busca consolidar su posición internacional y ampliar su capacidad exportadora mediante inversiones estratégicas y un esquema regulatorio favorable.
