El Gobierno presidido por Javier Milei presentó un proyecto de ley que busca realizar una reforma integral sin precedentes en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de un cambio histórico, con tres modificaciones estructurales destinadas a blindar la autonomía y funcionamiento de la entidad monetaria, que ya ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Desde su creación en 1935, la Carta Orgánica del BCRA había sido modificada en seis ocasiones. Esta propuesta apunta a la séptima reforma y pretende revertir algunos cambios aprobados en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los ejes es redefinir el objetivo principal del Banco Central para que se centre exclusivamente en la preservación del valor de la moneda, dejando de lado otros compromisos contemplados desde 2012 como la estabilidad cambiaria, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El artículo 3 de la Carta Orgánica, que define la misión del BCRA, ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de las décadas. La intención del proyecto de Milei es regresar al texto de 1992, en el marco del Plan de Convertibilidad, donde el objetivo único era «preservar el valor de la moneda». Esta modificación apunta a aportar mayor claridad y foco en la función del Banco Central.
Prohibición total del financiamiento al Tesoro
El proyecto establece además una restricción absoluta a la asistencia financiera del BCRA al Tesoro nacional. Desde las primeras legislaciones que regularon la entidad, la participación del Banco Central en la financiación del sector público sufrió diferentes topes y límites. Sin embargo, actualmente está vigente una norma que, aunque restringida, permite cierto financiamiento y giros de utilidades vinculados a la devaluación.
La reforma propuesta elimina toda posibilidad de emisión para financiar déficit fiscal, previniendo no solo estos adelantos sino también el reparto de utilidades con esta finalidad. Además, introduce una medida inédita: considera esta práctica delito de lesa humanidad, con sanciones penales que podrían incluir prisión. Esta severidad refleja una intención clara de evitar la histórica dependencia del BCRA como caja del Estado, que según el kirchnerismo se justificó durante la pandemia por falta de acceso a los mercados.
Estabilidad y autonomía en el directorio
Otro cambio relevante es el endurecimiento del régimen de remoción del directorio del Banco Central. Mientras que en distintas etapas históricas los mandatos podían ser cortados con relativa facilidad, la actual propuesta pretende otorgar blindaje institucional para que el directorio mantenga estabilidad sin influencias políticas inmediatas. Así, plantea que los miembros tendrán mandatos de seis años y solo podrán ser removidos por causas judiciales específicas con la aprobación de dos tercios tanto del Senado como de Diputados, acercando el esquema al modelo de 1992.
Además, la propuesta elimina la presencia permanente del ministro de Economía o sus representantes en las reuniones del directorio, incrementando la autonomía en la conducción del BCRA. También se busca que el mandato del actual presidente y los directores nombrados en comisión comience únicamente después de la aprobación de la ley, garantizando continuidad más allá de los resultados electorales futuros.
En síntesis, las reformas impulsadas por Javier Milei apuntan a un Banco Central con un mandato claro y único, sin financiamiento directo del Tesoro y con un directorio estable y protegido de cambios políticos abruptos. Si se aprueba, será la reforma más trascendental desde 2012, con efectos profundos en la política monetaria y fiscal del país.
