La Cámara de Apelaciones de Rafaela destrabó el proceso de licitación para la venta de los activos y las marcas de SanCor, tras rechazar los recursos presentados contra el pliego aprobado inicialmente. Esta resolución judicial permite reactivar un proceso clave para la compañía, que se encontraba suspendido desde principios de julio por impugnaciones legales.
El tribunal confirmó la continuidad de la venta de las seis unidades industriales y de las marcas relevantes de la excooperativa, incluyendo Mendicrim y Santa Brígida, aunque introdujo cambios significativos en las condiciones para garantizar mayor transparencia, justicia y protección tanto para los trabajadores como para los acreedores involucrados.
Nuevas reglas para la gestión de los activos y marcas en la licitación
Entre las modificaciones, la Cámara estipuló que los compradores podrán presentar ofertas por el conjunto total de activos o por lotes específicos, pero el juez de primera instancia deberá comparar ambas alternativas antes de decidir la adjudicación final, asegurando así una definición más estratégica y ajustada al valor real.
Además, se confirmó que los pagos podrán realizarse en moneda local, con la conversión al dólar oficial del Banco Nación, mientras los valores base se mantendrán expresados en dólares. Este sistema busca facilitar las transacciones sin perder la referencia en una moneda estable, a la vez que impulsa la concreción de ofertas efectivas.
Para mejorar la evaluación de las propuestas, la justicia ordenó la elaboración previa de una grilla objetiva que ponderará factores como el precio, la integralidad de la propuesta, la continuidad laboral y los antecedentes de los oferentes. También se precisará el contenido del plan de negocios y se definirá un mecanismo transparente para resolver posibles empates.
Un elemento importante de la resolución es el tratamiento de los activos afectados por contratos de fideicomiso en garantía, como la planta de Sunchales y ciertas marcas. La Cámara dispuso que esos bienes formen parte de la licitación para mantener su valor en el mercado, aunque la transferencia definitiva quedará condicionada a la resolución judicial sobre la titularidad, y el precio asociado será depositado en una cuenta judicial hasta que se defina el derecho propietario.
“Establecimos un aporte riguroso que permite que la evaluación contemple tanto el precio como la continuidad laboral y antecedentes empresariales.”
Tribunal de la Cámara de Apelaciones de Rafaela
La resolución también subrayó la importancia de recaudar informes actualizados para la valoración de los activos, especialmente tras el incendio ocurrido en junio en la planta de Sunchales, y ordenó que estos informes estén disponibles para todos los actores involucrados en el expediente sin costo adicional.
Impacto en el marketing corporativo y continuidad laboral
La decisión judicial tiene un fuerte impacto en la gestión de marca y activos intangibles de SanCor, que representan una porción significativa del valor total de venta – aproximadamente 24,7 millones de dólares de los 52,1 millones de dólares valuados judicialmente.
La incorporación de las marcas en el proceso licitatorio y la definición clara de la titularidad son aspectos fundamentales para preservar el posicionamiento y valor de la marca, factores cruciales en la estrategia de cualquier empresa que enfrenta procesos de venta o reestructuración.
Asimismo, la continuidad laboral de los 914 trabajadores y la estabilidad en las operaciones fue un criterio priorizado por la justicia y por el gremio Atilra, que advirtió públicamente sobre los efectos que la demora en el proceso tenía tanto para los empleados como para los acreedores. De hecho, el sindicato había anticipado medidas ante la falta de avances.
La nueva etapa de la licitación se encamina hacia una definición que no solo persigue optimizar el valor económico de los activos, sino también preservar la marca y sus activos intangibles, fundamentales para el posicionamiento comercial y futuro de SanCor en el mercado lácteo.
Con la reactivación del proceso y las reglas claras, la empresa y sus acreedores podrán encarar la búsqueda de inversores potenciales bajo un esquema más equitativo y transparente, con una evaluación integral que reconoce la importancia estratégica de la gestión de marca y activos corporativos.
